El 13 de Septiembre se aprobó en el Parlamento de Andalucía la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad.

En la puerta del Parlamento, una ruidosa concentración de asociaciones y colectivos manifestaba con crudeza su protesta y disconformidad con el contenido de este texto. Dentro, y mientras tanto, el portavoz del partido en el Gobierno se esmeraba en  agradecer con plácemes y cortesías la participación de los colectivos “oficiales” de la discapacidad.

Y en la calle, descontento por la oportunidad perdida.

Para empezar, la escandalosa omisión de una memoria económica que justifique como se va a hacer realidad sus declaraciones de principios o articulado. No en balde, los propios artículos 73 y 81 ya avisan : “Las Administraciones Públicas de Andalucía … se hagan efectivos en el marco de las disponibilidades presupuestarias y de la sostenibilidad financiera”. …y apoyo económico de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria”.  O sea, hablando en castellano paladino, los derechos (aun los fundamentales a la salud y a la vida plena) se condicionan y limitan al presupuesto que decidan nuestros señores políticos, de cuyo criterio, hemos de fiarnos (a todas luces, o mejor dicho, a ciegas).  Como bien resume Antonio Guerrero, de la Plataforma de Atención Temprana, las personas con discapacidad podrán disfrutar de sus derechos, en la medida en que las condiciones presupuestarias lo permitan.

Si lo anterior no fuera suficiente para promover una sana desconfianza, tampoco aparecen plazos  de ejecución.  Sólo (una vez más) se habla de planes, programas y protocolos. La historia reciente del desarrollo legislativo y programático andaluz nos demuestra que tanta producción de programas o planes, de por sí abundantes en la fértil imaginación andaluza, rara vez ha dado los frutos esperados . 

De otra parte, en la Ley abunda el uso del tiempo verbal futuro “…se procurará”, fomentará, se redactará,impulsará las acciones necesarias…” en expreso reconocimiento de la ausencia de voluntad política de liderar un cambio efectivo en la forma de concebir la discapacidad en Andalucía.

Especial crítica merece, a nuestro juicio, todo lo relativo a la Educación. Voluntariamente, el legislativo ha optado por dar la espalda a la Educación Inclusiva

Entre las mas esplendorosas omisiones, en nuestra opinión, deben destacarse:

• Se mantiene en lo sustancial, la posibilidad de la educación segregada y el criterio de atribución a la misma. El criterio, presuntamente de uso excepcional, será que las necesidades del alumnado no puedan ser debidamente atendidas en el marco de las medidas ordinarias. Teniendo en cuenta que lo que pueda o no ser atendido en el marco de las medidas ordinarias, dependerá de la voluntad (y presupuesto) de la administración educativa, mucho nos tememos que la misma administración es y será juez y parte de lo que puede o no atenderse, ya que ella es la que determina, en cada momento, y que lugar puede disponer de medios (o no)
• La decisión de escolarización del alumnado con discapacidad en un centro de educación especial se realizará “tomando en consideración la opinión de los padres o tutores legales“, pero no con su consentimiento. Al contrario del resto de los alumnos, el derecho a la elección de centro ( y todo lo que de ello depende: proximidad al domicilio, integración en la comunidad, etc) queda limitado por cuestiones presupuestarias.
• No se soluciona, (ni siquiera se menciona) el problema de la ausencia de titulación de los alumnos en educación especial, ni de su continuidad en el sistema educativo más allá de los 21 años.
• Ni siquiera se mencionan los alumnos con Trastornos Graves de Conducta (segunda causa de necesidades especiales en el ámbito educativo).
• No se contemplan medidas de prevención ni de detección temprana ni se integra la atención Temprana en el ámbito escolar.
• No se garantiza el derecho a los ajustes razonables.

Esta Ley es, en nuestra humilde opinión, un claro ejemplo del nefando “morbo político”:  la voluntad de querer decirlo todo con grandilocuentes promesas, sin comprometerse a hacer nada concreto, ni en plazos, ni en cuantías, ni en acciones concretas.

A los que votaron a favor decididamente, PSOE, y Ciudadanos, e incluso, Podemos, les dedicamos esta crítica. Esperamos que durante el desarrollo normativo de la Ley se corrijan (en parte al menos) el parco e insuficiente reconocimiento de derechos de esta Ley.  Estaremos dispuestos a ayudarles a conseguirles, y vigilaremos para que así se haga.

Y a los que votaron en contra (P.P. e Izquierda Unida) les preguntamos:  Y ustedes…

¿que van a hacer dónde gobiernan?